Áreas de Práctica

Dentro de la práctica general del Derecho penal, representamos a personas físicas y jurídicas en asuntos vinculados a:

  • Delitos contra la integridad de las personas, tales como lesiones -o muertes- en accidentes de tránsito;
  • Los llamados “delitos sexuales”, como el abuso deshonesto, violación, y otros.
  • Delitos contra la libertad; violaciones de domicilio, violación de secretos, etc;
  • Delitos contra la propiedad, entre los que se incluyen el hurto, robo, usurpación de propiedades, establecimientos comerciales e industriales, daños
    en general, etc;
  • Delitos contra la seguridad pública, lo que incluye ilícitos en los cuales estén involucrados medios de transporte y/o comunicación;
  • Delitos contra el orden público, como la asociación ilícita;
  • Delitos contra la fe pública: falsificación de documentos en general, sellos y marcas;
  • Libramiento de cheques sin fondos, y balances comerciales falsos;
  • Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar;
  • Infracción a la ley de propiedad intelectual;
  • Responsabilidad penal por mala praxis;
  • Delitos contra el honor: calumnias e injurias.

Nos especializamos en aquellos delitos relacionados con fraudes marcarios reprimidos por la ley Nº 22.362 y violaciones a la ley de propiedad intelectual, ley Nº 11.723.

Desde empresas prestadoras de servicios de Internet, creadoras de software y titulares de bancos de datos, hasta personas físicas, han confiado en nuestros abogados para la atención de asuntos de tal índole.

Brindamos asesoramiento y representamos a empresas e individuos, en todos aquellos asuntos vinculados a los denominados «delitos informáticos», tales como daños, robo y hurto de señales, violación de información confidencial, y accesos ilegítimos a bases de datos. Con habitualidad asesoramos a firmas proveedoras del servicio de Internet, televisión por cable y televisión satelital, lo que nos brinda experiencia continua en la materia.

A fin de potenciar esta práctica, en el mes de junio del año 2017 nos fusionamos con el Estudio Vidal Albarracín, con más de treinta años de experiencia en áreas jurídicas y operativas del Comercio Exterior y Derecho Aduanero, ampliando así nuestro Departamento de Derecho Penal Aduanero, el cual queda a cargo de los Dres. Héctor Guillermo Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarracín y Santiago Vidal Albarracín.

Las modalidades actuales de comercio internacional generan nuevas formas de cometer delitos que requieren para su defensa de conocimientos interdisciplinarios aduaneros, cambiarios y tributarios.

El asesoramiento comprende tanto la responsabilidad penal individual como empresarial de importadores, exportadores, agentes de transporte aduanero, despachantes de aduana, respecto de delitos e infracciones aduaneros y sus consecuencias disciplinarias. También se incluye la representación y patrocinio en la impugnación de normas que constituyen verdaderas restricciones al comercio internacional y que afectan el derecho de los operadores a su libertad de comerciar.

Nuestro estudio brinda asesoramiento preventivo en los aspectos penales relacionados con la protección del medio ambiente, como así también asumimos defensas en procesos por infracción a la ley 24.051 (Régimen de Residuos Peligrosos), tramitados ante tribunales federales de todo el país. Representamos, asimismo, a empresas en procesos contravencionales en los que se investigan conductas que afectan el medio ambiente.
Durrieu Abogado ha intervenido en el seguimiento judicial de numerosos asuntos que pueden surgir de las operaciones financieras y del mercado de capitales. Por otra parte, representamos a personas físicas y jurídicas en los expedientes que tramitan ante el Banco Central de la República Argentina, por los denominados “delitos cambiarios”.

Asesoramos a particulares, estados extranjeros, y compañías nacionales e internacionales, en la producción de prueba en cuestiones penales que tramitan en otros países, trámites de extradiciones y cooperación internacional, presentaciones ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, y en el estudio de la competencia penal en asuntos complejos ocurridos en varias jurisdicciones.

Estamos también capacitados para realizar programas de prevención del delito de fraude, corrupción y administración de justicia para oficinas del gobierno, como también para organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hemos actuado en casos de Asilo o Refugio Político.

Trabajamos habitualmente con los consulados, al asumir la defensa de los intereses de individuos o personas jurídicas extranjeras. Al respecto, se nos ha incluido en el listado de abogados recomendados por la Embajada de los EE.UU., y del Consulado General de Francia en Buenos Aires.

Durrieu Abogados actúa cotidianamente en esta materia específica, representando personas físicas, empresas nacionales e internacionales. Asimismo, nuestros profesionales han participado en Congresos y dictado conferencias en organizaciones empresariales, grupos de auditoria y colegios de profesionales, en ocasiones en que se abordaron temas vinculados con esta especialidad.

A partir de la sanción de la ley 27.401, las personas jurídicas resultan responsables por hechos de corrupción cometidos por cualquiera de sus dependientes, por terceras partes (ej. proveedores o subsidiarias), y por los hechos cometidos por una sociedad adquirida.
Asimismo, existe una proliferación creciente de leyes que se aplican extraterritorialmente -como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)-. Por tal motivo, las sociedades que operan en Argentina deben cumplir no solo con las leyes locales, sino también normas sancionadas en otros países.
Nuestro equipo de abogados tiene años de experiencia en asesoramiento respecto a hechos de corrupción cometidos en Argentina, como también experiencia internacional sobre la aplicación de normas extraterritoriales.
Estamos familiarizados con las normas contravencionales y de faltas, que contienen penalidades como las de multa, clausura e inhabilitación de establecimientos comerciales, entre otras. Además, el régimen contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires ha crecido en los últimos años con gran impulso, por la delegación en dicho fuero de la investigación de ciertos delitos.
Representamos a los clientes en la prevención y litigio de toda modalidad de fraude. Somos miembros de ICC Fraudnet, red de abogados especialistas en fraudes y recupero de activos.

Intervenimos también en la representación de corporaciones que sufren filtraciones de información confidencial, administraciones fraudulentas y otros delitos cometidos, por ejemplo, por «empleados infieles», proveedores, o distribuidores.

Coordinamos investigaciones internas con protocolos de actuación y bajo la más estricta confidencialidad. Trabajamos en conjunto con un cuerpo de investigadores contables y especialistas en informática, para preservar la prueba adecuadamente. También realizamos “background checks” a las partes involucradas, entre otras actividades de investigación privada.

Ante la comisión de un delito, contamos con un experimentado equipo para realizar investigaciones internas bajo la más estricta confidencialidad, procurando a su vez respetar las garantías de los empleados o proveedores. Trabajamos para ello con un equipo de especialistas contables e informáticos del área de “forensic”, en orden a la preservación, recuperación y procesamiento de la prueba obtenida.

Por ser especialistas en materia penal, nos encontramos en mejor posición de identificar los riesgos penales (fraude, corrupción, etc) que tiene una empresa, y cómo tratarlos.

Al respecto, el socio Nicolás Durrieu asesoró en el Senado de la Nación en la redacción final de la ley 27.401, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción. Fue Co-Director del Libro de Compliance y AntiCorrupción y Responsabilidad Penal Empresaria, de La Ley/Thomson Reuters, publicado en 2018. Al respecto, cabe destacar que la Oficina Anticorrupción se basó en gran parte en dicho documento cuando reglamentó la ley 27.401. Publicó para la revista ICLG “Corporate Investigations in Argentina 2019”. Actualmente, es Co-Director del programa de Compliance de La Ley/Thomson Reuters.

Hemos intervenido en importantes precedentes en la materia, sea en casos locales como internacionales; esto último, en razón de que el lavado de dinero suele tener conexiones transnacionales.

Actuamos como querellantes y defensores en causas instruidas en virtud de dicho delito, muchas veces asociado con los ilícitos de corrupción y fraude como delitos precedentes.

Asimismo, defendemos a los sujetos obligados por las sanciones UIF (Unidad de Información Financiera), en virtud de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).

Durrieu Abogados considera que el ejercicio de la profesión es una herramienta útil para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a una sociedad más equitativa. Por eso, el trabajo pro bono es un valor fundamental dentro del estudio.

Comisión Pro Bono y Red Federal

En mayo de 2017, el estudio se incorporó a la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (www.probono.org.ar). A través de la Comisión, se nos ha presentado la oportunidad de intervenir casos penales que derivan desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentran ubicados en las villas 31, 21-24 y La Boca.

Asimismo, en el marco de dicha Comisión, Durrieu Abogados forma parte de la Red Federal Pro Bono que funciona como un nexo entre las personas o entidades que requieren servicios pro bono, y los profesionales de todo el país que realizan trabajo pro bono.

Somos miembros de ICC-Fraudnet, la red internacional más antigua y prestigiosa de abogados especializados en recupero de activos provenientes de un delito. Ello nos genera una ventaja competitiva para actuar rápidamente en el recupero de los activos en jurisdicciones extranjeras.

A modo de ejemplo, brindamos los siguientes servicios:

  • Realizamos investigaciones nacionales e internacionales a fin de detectar los activos, y las personas interpuestas.
  • Solicitamos las medidas preventivas de congelamiento de los activos que correspondan. Ello, tanto en nuestro país como en el extranjero a través de la red Fraudnet.
  • Nos constituimos como actores civiles en los procesos penales.
  • Tenemos experiencia en la interacción con las fiscalías, fuerzas de seguridad, y organismos de contralor especializados en la materia.

Dentro de la práctica general del Derecho penal, representamos a personas físicas y jurídicas en asuntos vinculados a:

  • Delitos contra la integridad de las personas, tales como lesiones -o muertes- en accidentes de tránsito;
  • Los llamados “delitos sexuales”, como el abuso deshonesto, violación, y otros.
  • Delitos contra la libertad; violaciones de domicilio, violación de secretos, etc;
  • Delitos contra la propiedad, entre los que se incluyen el hurto, robo, usurpación de propiedades, establecimientos comerciales e industriales, daños
    en general, etc;
  • Delitos contra la seguridad pública, lo que incluye ilícitos en los cuales estén involucrados medios de transporte y/o comunicación;
  • Delitos contra el orden público, como la asociación ilícita;
  • Delitos contra la fe pública: falsificación de documentos en general, sellos y marcas;
  • Libramiento de cheques sin fondos, y balances comerciales falsos;
  • Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar;
  • Infracción a la ley de propiedad intelectual;
  • Responsabilidad penal por mala praxis;
  • Delitos contra el honor: calumnias e injurias.

Nos especializamos en aquellos delitos relacionados con fraudes marcarios reprimidos por la ley Nº 22.362 y violaciones a la ley de propiedad intelectual, ley Nº 11.723.

Desde empresas prestadoras de servicios de Internet, creadoras de software y titulares de bancos de datos, hasta personas físicas, han confiado en nuestros abogados para la atención de asuntos de tal índole.

Brindamos asesoramiento y representamos a empresas e individuos, en todos aquellos asuntos vinculados a los denominados «delitos informáticos», tales como daños, robo y hurto de señales, violación de información confidencial, y accesos ilegítimos a bases de datos. Con habitualidad asesoramos a firmas proveedoras del servicio de Internet, televisión por cable y televisión satelital, lo que nos brinda experiencia continua en la materia.

A fin de potenciar esta práctica, en el mes de junio del año 2017 nos fusionamos con el Estudio Vidal Albarracín, con más de treinta años de experiencia en áreas jurídicas y operativas del Comercio Exterior y Derecho Aduanero, ampliando así nuestro Departamento de Derecho Penal Aduanero, el cual queda a cargo de los Dres. Héctor Guillermo Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarracín y Santiago Vidal Albarracín.

Las modalidades actuales de comercio internacional generan nuevas formas de cometer delitos que requieren para su defensa de conocimientos interdisciplinarios aduaneros, cambiarios y tributarios.

El asesoramiento comprende tanto la responsabilidad penal individual como empresarial de importadores, exportadores, agentes de transporte aduanero, despachantes de aduana, respecto de delitos e infracciones aduaneros y sus consecuencias disciplinarias. También se incluye la representación y patrocinio en la impugnación de normas que constituyen verdaderas restricciones al comercio internacional y que afectan el derecho de los operadores a su libertad de comerciar.

Nuestro estudio brinda asesoramiento preventivo en los aspectos penales relacionados con la protección del medio ambiente, como así también asumimos defensas en procesos por infracción a la ley 24.051 (Régimen de Residuos Peligrosos), tramitados ante tribunales federales de todo el país. Representamos, asimismo, a empresas en procesos contravencionales en los que se investigan conductas que afectan el medio ambiente.
Durrieu Abogado ha intervenido en el seguimiento judicial de numerosos asuntos que pueden surgir de las operaciones financieras y del mercado de capitales. Por otra parte, representamos a personas físicas y jurídicas en los expedientes que tramitan ante el Banco Central de la República Argentina, por los denominados “delitos cambiarios”.

Asesoramos a particulares, estados extranjeros, y compañías nacionales e internacionales, en la producción de prueba en cuestiones penales que tramitan en otros países, trámites de extradiciones y cooperación internacional, presentaciones ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, y en el estudio de la competencia penal en asuntos complejos ocurridos en varias jurisdicciones.

Estamos también capacitados para realizar programas de prevención del delito de fraude, corrupción y administración de justicia para oficinas del gobierno, como también para organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hemos actuado en casos de Asilo o Refugio Político.

Trabajamos habitualmente con los consulados, al asumir la defensa de los intereses de individuos o personas jurídicas extranjeras. Al respecto, se nos ha incluido en el listado de abogados recomendados por la Embajada de los EE.UU., y del Consulado General de Francia en Buenos Aires.

Durrieu Abogados actúa cotidianamente en esta materia específica, representando personas físicas, empresas nacionales e internacionales. Asimismo, nuestros profesionales han participado en Congresos y dictado conferencias en organizaciones empresariales, grupos de auditoria y colegios de profesionales, en ocasiones en que se abordaron temas vinculados con esta especialidad.

A partir de la sanción de la ley 27.401, las personas jurídicas resultan responsables por hechos de corrupción cometidos por cualquiera de sus dependientes, por terceras partes (ej. proveedores o subsidiarias), y por los hechos cometidos por una sociedad adquirida.
Asimismo, existe una proliferación creciente de leyes que se aplican extraterritorialmente -como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)-. Por tal motivo, las sociedades que operan en Argentina deben cumplir no solo con las leyes locales, sino también normas sancionadas en otros países.
Nuestro equipo de abogados tiene años de experiencia en asesoramiento respecto a hechos de corrupción cometidos en Argentina, como también experiencia internacional sobre la aplicación de normas extraterritoriales.
Estamos familiarizados con las normas contravencionales y de faltas, que contienen penalidades como las de multa, clausura e inhabilitación de establecimientos comerciales, entre otras. Además, el régimen contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires ha crecido en los últimos años con gran impulso, por la delegación en dicho fuero de la investigación de ciertos delitos.
Representamos a los clientes en la prevención y litigio de toda modalidad de fraude. Somos miembros de ICC Fraudnet, red de abogados especialistas en fraudes y recupero de activos.

Intervenimos también en la representación de corporaciones que sufren filtraciones de información confidencial, administraciones fraudulentas y otros delitos cometidos, por ejemplo, por «empleados infieles», proveedores, o distribuidores.

Coordinamos investigaciones internas con protocolos de actuación y bajo la más estricta confidencialidad. Trabajamos en conjunto con un cuerpo de investigadores contables y especialistas en informática, para preservar la prueba adecuadamente. También realizamos “background checks” a las partes involucradas, entre otras actividades de investigación privada.

Ante la comisión de un delito, contamos con un experimentado equipo para realizar investigaciones internas bajo la más estricta confidencialidad, procurando a su vez respetar las garantías de los empleados o proveedores. Trabajamos para ello con un equipo de especialistas contables e informáticos del área de “forensic”, en orden a la preservación, recuperación y procesamiento de la prueba obtenida.

Por ser especialistas en materia penal, nos encontramos en mejor posición de identificar los riesgos penales (fraude, corrupción, etc) que tiene una empresa, y cómo tratarlos.

Al respecto, el socio Nicolás Durrieu asesoró en el Senado de la Nación en la redacción final de la ley 27.401, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción. Fue Co-Director del Libro de Compliance y AntiCorrupción y Responsabilidad Penal Empresaria, de La Ley/Thomson Reuters, publicado en 2018. Al respecto, cabe destacar que la Oficina Anticorrupción se basó en gran parte en dicho documento cuando reglamentó la ley 27.401. Publicó para la revista ICLG “Corporate Investigations in Argentina 2019”. Actualmente, es Co-Director del programa de Compliance de La Ley/Thomson Reuters.

Hemos intervenido en importantes precedentes en la materia, sea en casos locales como internacionales; esto último, en razón de que el lavado de dinero suele tener conexiones transnacionales.

Actuamos como querellantes y defensores en causas instruidas en virtud de dicho delito, muchas veces asociado con los ilícitos de corrupción y fraude como delitos precedentes.

Asimismo, defendemos a los sujetos obligados por las sanciones UIF (Unidad de Información Financiera), en virtud de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).

Durrieu Abogados considera que el ejercicio de la profesión es una herramienta útil para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a una sociedad más equitativa. Por eso, el trabajo pro bono es un valor fundamental dentro del estudio.

Comisión Pro Bono y Red Federal

En mayo de 2017, el estudio se incorporó a la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (www.probono.org.ar). A través de la Comisión, se nos ha presentado la oportunidad de intervenir casos penales que derivan desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentran ubicados en las villas 31, 21-24 y La Boca.

Asimismo, en el marco de dicha Comisión, Durrieu Abogados forma parte de la Red Federal Pro Bono que funciona como un nexo entre las personas o entidades que requieren servicios pro bono, y los profesionales de todo el país que realizan trabajo pro bono.

Somos miembros de ICC-Fraudnet, la red internacional más antigua y prestigiosa de abogados especializados en recupero de activos provenientes de un delito. Ello nos genera una ventaja competitiva para actuar rápidamente en el recupero de los activos en jurisdicciones extranjeras.

A modo de ejemplo, brindamos los siguientes servicios:

  • Realizamos investigaciones nacionales e internacionales a fin de detectar los activos, y las personas interpuestas.
  • Solicitamos las medidas preventivas de congelamiento de los activos que correspondan. Ello, tanto en nuestro país como en el extranjero a través de la red Fraudnet.
  • Nos constituimos como actores civiles en los procesos penales.
  • Tenemos experiencia en la interacción con las fiscalías, fuerzas de seguridad, y organismos de contralor especializados en la materia.

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